Por Enver Basantes

El consabido discurso de que la justicia está cambiando y que ya es de todos, queda sin piso al ver la fragilidad con que jueces y fiscales actúan, sin argumentos, sólo con la misión de cumplir las recetas del ejecutivo.

La persecución de la que son víctimas cientos de luchadores sociales y populares ha llevado a la cárcel a decenas de ellos, Marcelo Rivera quién fue el primer acusado y sentenciado por sabotaje y terrorismo y que guarda prisión desde el 8 de diciembre de 2009 es ahora uno más de los presos políticos, como son los diez profesionales aprehendidos en Luluncoto el 3 de marzo del presente año, a ellos le sumamos los dirigentes sociales de Cotopaxi quienes fueron sentenciados con el mismo argumento.

No es de sorprenderse que el código penal correísta quede reducido a “sabotaje y terrorismo”, para que sea de más fácil aplicación con sus jueces que maneja como fichas de ajedrez intentando poner en jaque a quienes luchamos y pensamos diferente al oficialismo.

“Pensar diferente no es un delito”, es la consigna con la que familiares, amigos, compañeros de los 10 de Luluncoto acudimos a la corte de justicia para pedir que nuestros compañeros y compañeras sean liberados de la injusta e ilegal detención en la que se les acusa de sabotaje y terrorismo sin habérseles encontrado prueba alguna de mencionado delito.

La emotiva participación de los familiares conmovía a los transeúntes que pasaban por este céntrico sector capitalino, acompañados del monumento a Jaime Hurtado se gritaban consignas, mientras algunos de los familiares relataban angustiados lo que les ha tocado vivir. “A mi casa entraron a las 5 de la mañana más de 30 uniformados, muchos de ellos encapuchados,  con armas grandes, carabinas, revólveres e inmediatamente nos ordenaron alzar los brazos y que no nos moviéramos, como si fuéramos los delincuentes más peligrosos, mi hija estaba en la ducha y fueron tan sinvergüenzas que entraron al baño para verle desnuda mientras otros espiaban por la ventana”, este relato del ilegal allanamiento a la casa de Cristina Campaña, una de las profesionales que guarda prisión en la cárcel de mujeres de Quito conmovía e indignaba a quiénes lo escuchábamos, “mi hija es buena, siempre fue buena estudiante, yo he podido sacarles adelante lavando ropita porque a eso me he dedicado toda mi vida…” ante la inquietud de ¿qué encontraron en el allanamiento? la madre de Campaña supo manifestar que no encontraron absolutamente nada, apenas unos libros de literatura, discos de música, fotografías, cuadernos de apuntes, es decir las bombas que supuestamente colocaban no fueron halladas ni en este domicilio ni en ningún otro de los allanados en días pasados.

Aun sin contar con pruebas que  sustenten las acusaciones, la mañana y tarde de este viernes 11 de mayo acudimos al Palacio de Justicia de Quito con la esperanza de que el Juzgado Décimo de lo Penal conceda las medidas sustitutivas a la prisión para los compañeros y compañeras detenidos y detenidas, sin embargo en la audiencia que duró alrededor de 6 horas y en la que fue negado el recurso de medidas sustitutivas por la “pesada argumentación” de la fiscal quien adujo que no se puede sustituir las medidas debido que son jóvenes y por ello existe peligro de fuga, convirtiendo a la juventud en un delito que debe ser sancionado con prisión, a lo que el juez por demás “profesional” y haciendo eco de la meritocracia correísta solo asintió con la cabeza lo que luego firmaría como resolución.

¡Qué vergüenza de justicia! la que nos ha dado Correa al servicio de los intereses suyos, para perseguir y apresar a gente que pensamos distinto, para acusar de terrorismo a quienes luchamos por días mejores para nuestra  gente, mientras el narco-canciller se pasea campante por todo lado tomándose fotos con Angelina Jolie y planeando una entrega mayor por otro medio ya que la valija diplomática se le cayó, por ahí anda también el come cheques feliz porque como es “amigo del dueño del circo” a él no se lo juzga, también está Chang, la de las ambulancias, y el Cuero de Correa ex gobernador del Guayas quién con una red de comisarios corruptos ponía el sello de revolución ciudadana en los bares de Guayaquil.

Nuestras compañeras y compañeros detenidos y sentenciados no serán los últimos de este régimen y si pensar diferente,  denunciar la corrupción, luchar por una mejor educación, por salud gratuita, en contra de la privatización, por el buen vivir, porque se respeten los Derechos Humanos, las leyes, la Constitución es ser terrorista con gusto señor Correa SOY TERRORISTA, si decirle a usted sinvergüenza, traidor, corrupto y vende patria es ser terrorista con gusto señor Correa SOY TERRORISTA, si luchar por trabajo digno por seguridad social, por soberanía por la vida, por la dignidad es ser terrorista entonces no le alcanzarán las cárceles para meternos a todos los que pensamos diferente y luchamos por días mejores.

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tomado de: ecuadorlibrered.tk 

Elementos de la Policía Nacional allanaron esta madrugada los domicilios de los 10 profesionales, dirigentes sociales y estudiantes detenidos el pasado 3 de marzo en el barrio Luluncoto, de la ciudad de Quito, acusados por el supuesto delito de atentar contra seguridad del Estado, en días previos a la realización de la “Marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos”, que partió el 8 de marzo desde Zamora y llegó a Quito el 22 de ese mismo mes.

La medida, que fue interpretada como una forma de hostigamiento por parte de familiares de los detenidos, se produjo de manera violenta y absurda. Absurda, según manifestó Ramiro Vinueza, hermano de uno de los inculpados, puesto que buscaban supuestas pruebas que inculparan a los detenidos, cuando ya han pasado más de dos meses del hecho, y porque se llevaron un trabajo académico de una de las familiares, que estudia comunicación social y realizaba un análisis de mensajes, como supuesta prueba a investigarse.

El allanamiento se habría producido de manera simultánea en varias ciudades, de donde son oriundos los acusados por la Fiscalía.

Esta acción se produce luego de que el presidente de la República anunciara el martes que las Fuerzas Armadas participarán en el mantenimiento de la seguridad interna, con la frase: “La lucha contra inseguridad es una guerra que debemos ganar”.

Servicio Informativo Opción

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Luego de 4 días de audiencia a puerta cerrada el Tribunal de Garantìas Penales de Cotopaxi presidido por Luis Balarezo, sentenció a 1 años de prisión a Xavier Cajilema (concejal y director del MPD), Paúl Jácome (asambleísta alterno),  Richard Artieda (militante del MPD), Hernán Yánez (rector de la UTC) y Edwin Lasluisa (Secretario nacional de la FEUE) determinándolos como “autores del hecho”, mientras que Silvia Bravo (docente de la UTC) y Carlos Albán fueron sentenciados a seis meses en condición de “cómplices   y encubridores” Leonardo Segovia fue declarado Inocente.

En esta audiencia que inició el pasado  día miércoles 11 de abril, varios funcionarios de la fiscalía General del Estado y del Ministerio Público, estuvieron presentes en las audiencias, donde mantuvieron reuniones con el fiscal Raúl Araque que lleva este caso e inclusive Augusto Semanate Fiscal provincial de Cotopaxi, permaneció asesorando a Araque, hasta que se determinó la sentencia.
Pese a la contradicción de varios de los testigos de la fiscalía e inclusive declaraciones como la del Coronel Edmundo Moncayo, quien dijo que el 30 S, únicamente hubo una marcha de varias organizaciones populares y que no existió ningún disturbio, y contradicciones de los peritos este caso fue sentenciado en una deliberación de aproximadamente 30 minutos.

Al respecto el abogado defensor Ramiro Román informó que  esperará que la notificación de los jueces sea motivada pues “caso contrario se estaría violando los derechos humanos” dijo,  además que la figura de juzgamiento es un caso de juicio civil y no penal, “pero como tenemos la razón continuaremos apelando e incluso llegaremos a instancias internacionales para demostrar que este caso carece de legitimidad, se ha violado la dogmática, las leyes y la constitución” indicó.

Este caso inició con una figura legal de Terrorismo, luego se  les acusó por la toma de la gobernación de Cotopaxi, luego por intento de desestabilización del Estado y  finalmente se los sentenció por Invaciòn a una Instituciòn Pública, Xavier Cajilema insistió que el gobierno busca chivos espiatorios en el caso 30S, “ no puede considerarse un delito del del MPD, el gobierno quiere justificar la mentira del golpe de estado, encarcelando a dirigentes populares” “no vamos a renunciar a la lucha por los derechos de los trabajadores” finalizó Hernán Yánez rector de la UTC (Universidad Técnica de Cotopaxi) se refirió a esta sentencia como un caso de persecución política “la intención del gobierno es encarcelar al rector de la UTC para intervenir la universidad” dijo. A decir de Yánez “la justicia demostró que está en manos del gobierno y ya no hay confianza en los jueces”.

Durante una semana los alrededores de la Corte Provincial de Justicia, permaneció cercada por vallas y custodiada por miembros de la policía nacional, lo que causó molestias e incomodidad a transeúntes, detrás de las vallas  estudiantes, familiares y simpatizantes de los encausados permanecieron en todo este proceso, luego de conocida la sentencia los manifestantes  echaron abajo las vallas y rompieron el cerco de seguridad para apostarse en la puerta de la Corte Provincial de Justicia donde con consignas como “abajo la justicia secuestrada”, “fuera jueces correistas corruptos” exigían la presencia de los jueces, quienes tuvieron que salir a escondidas  por la puerta  trasera.

Luego encabezaron una marcha que finalizó en la gobernación de Cotopaxi, en este lugar comprometieron a continuar vigilantes de este proceso.

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El contrato que dio paso al proyecto para la implementación de ECTV se lo realizó con otra empresa fachada dedicada a la compra y venta de materiales de construcción como es PERLAMYL, dicha empresa no ha pagado impuestos desde su creación en el 2006 según lo certifica el SRI; además, a través de un informe emitido por la Superintendencia de Compañías el 15 de noviembre de 2011, este organismo de control certifica que PERLAMYL no presentó informes de balance, nómina y otros desde el año 2007, razones por las cuales la declaró inactiva mediante resolución 4675 de fecha 07 de agosto de 2008, eliminándola de sus registro, denunció el Asambleísta Jorge Escala.

Por otro lado, con fecha 31 de julio de 2007 la solicitud a PERLAMYL y a su amigo Enrique Arosemena Director de Proyecto de la misma para que elabore el Proyecto de creación del canal público fue efectuada directamente por Vinicio Alvarado Espinel, Secretario de la Administración, cuando más de un mes y medio antes (12 de junio 2007), la Secretaria de Comunicación Mónica Chuji junto con representantes de TeleSur presentó ante los medios de comunicación el proyecto para la conformación de la primera televisión pública, es decir que todo estuvo hecho y que lo de PERLAMYL con Alvarado y Arosemena solo fue una farsa para iniciar un gran negocio y para designarlo a este último como Gerente de ECTV desde su creación en noviembre del 2007, cargo que lo sigue ostentando a pesar de sus irregularidades en el manejo de este canal.

Como lo demuestra la Contraloría General del Estado en su informe de la auditoría realizada a Ecuador TV  desde el 11 de noviembre de 2007 al 30 de abril de 2009, en el que no solo da cuenta de que el canal arroja una pérdida de USD 6'152.945,84 cuya cifra al 2010 se incrementó a USD 7'481.631,59; sino que además en su página seis señala que El Gerente Enrique Arosemena “no presentó ante la Junta General de Accionistas los informes generales de los años 2.007 y 2.008, los balances ni el inventario detallado de las existencias, incumpliendo sus deberes y atribuciones”, según lo cual no se pudo conocer con exactitud el manejo de los USD 21'050.200 destinados para la implementación del canal, de los cuales cinco millones provenían de la Televisora TeleSur de Venezuela, por lo que el Asambleísta Escala exigirá que este organismo de control no solo se quede en el señalamiento sino que determine responsabilidades legales.

Enrique Arosemena jamás debió ser nombrado Gerente General de RTVECUADOR E.P. pues no tenía título profesional de tercer nivel que exige la Ley de Empresas Públicas en su Art. 10, recién y de manera sospechosa registra el 23 de diciembre 2011 en la SENESCYT el título de Bachelor of Business de la Universidad Atlanta Florida, lo que confirma que antes no tuvo título profesional y lo más grave es que firmaba como ingeniero sin serlo.

El Gerente de ECTV tampoco presentó su Declaración Patrimonial Juramentada durante los años 2007 al 2010 a la que están obligados todos los funcionarios públicos según la Constitución y la Ley, toda vez que ocultó su gran historial de morosidades registrado en el sistema de justicia, el cual reporta que este personaje fue sentenciado por varias ocasiones a pagar deudas que sumaban USD 813,887.38; es más, este pseudo servidor público fue declarado insolvente incurriendo en el delito de continuación arbitraria de funciones tipificado en el Art. 238 del Código Penal, hechos que deberán ser investigados por la Fiscalía en el sentido de cómo es que Arosemena ha logrado cancelar esas deudas en tan corto tiempo o si aún las mantiene, expresó el Asambleísta Jorge Escala, quien anunció además que continuará su investigación a ECTV porque del análisis efectuado a la Televisora estatal, aún existen muchas irregularidades en los contratos de infraestructura y obra civil con empresas cuyo trabajo ha dejado mucho que desear a pesar sus elevadas facturaciones.

Relaciones Públicas Bloque MPD

Mayor Información al Telf. 098739267

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